La prisión preventiva es una medida cautelar que permite privar de libertad a una persona antes de que haya una sentencia condenatoria firme. Se trata de una herramienta procesal prevista por la ley para proteger el buen desarrollo de un procedimiento penal, pero que solo debe utilizarse en casos excepcionales, cuando no existan otras alternativas menos restrictivas.

En este texto veremos qué es exactamente la prisión preventiva, cuándo se aplica, qué requisitos se exigen, cuánto puede durar, y qué derechos tiene la persona investigada.

¿Qué es la prisión preventiva?

La prisión preventiva, también llamada prisión provisional, no es una pena ni una condena, sino una medida cautelar que puede imponer un juez para garantizar que el proceso penal se desarrolle correctamente.

Al tratarse de una medida que restringe la libertad personal antes del juicio, su aplicación está muy limitada y debe justificarse en motivos concretos previstos por la ley. La Constitución Española reconoce el derecho a la libertad y la presunción de inocencia, por lo que privar de libertad a alguien sin condena solo puede hacerse con base legal, con garantías y por un tiempo limitado.

¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva?

El objetivo de esta medida no es castigar, sino prevenir ciertos riesgos que pueden poner en peligro el proceso penal o la seguridad de las personas.

Los fines por los que un juez puede acordar prisión preventiva son los siguientes:

• Asegurar la presencia del investigado en el juicio si existe riesgo de fuga.
• Evitar que destruya, manipule u oculte pruebas.
• Prevenir que cometa nuevos delitos, especialmente si hay peligro para la víctima o para otras personas.

Es decir, se trata de garantizar que el procedimiento judicial se pueda llevar a cabo sin interferencias, y que no se cause más daño.

¿Qué condiciones deben cumplirse para que un juez pueda acordarla?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 502 a 519, establece que deben concurrir tres condiciones básicas para que se imponga prisión preventiva:

1. Gravedad del delito

El delito por el que se investiga a la persona debe tener una pena máxima igual o superior a dos años de prisión. También puede aplicarse si la pena es inferior, pero el investigado tiene antecedentes por delitos dolosos.

2. Indicios de criminalidad

Deben existir motivos suficientes para creer que la persona ha cometido el delito. Es decir, no basta con una sospecha sin fundamento: deben existir pruebas o indicios objetivos.

3. Que se busque uno de los fines legales

Como ya hemos dicho, el juez debe motivar que la prisión preventiva es necesaria para evitar alguno de estos riesgos: fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva.

Además, la medida debe ser proporcional y no puede adoptarse si existe otra alternativa menos grave que permita lograr el mismo objetivo.

¿Cómo se impone la prisión preventiva?

La prisión preventiva no puede acordarse automáticamente. Se requiere una vista judicial, en la que deben estar presentes:

·       El juez de instrucción.

·       El Ministerio Fiscal.

·       El abogado defensor del investigado.

·       Y, en su caso, la acusación particular.

Durante esta vista, las partes exponen sus argumentos, y el juez decide si acuerda o no la prisión. En caso afirmativo, debe dictar un auto de prisión motivado, explicando los motivos por los que se impone esta medida y por qué no es suficiente con otras menos restrictivas.

El auto de prisión puede recurrirse ante un tribunal superior.

¿Cuál es la duración máxima de la prisión preventiva?

La ley establece unos límites temporales que no se pueden superar, salvo en casos muy concretos. Estos límites dependen de la pena que pueda corresponder al delito:

·       Si la pena es igual o inferior a 3 años de prisión:

o   la prisión preventiva puede durar hasta 1 año, con una posible prórroga de 6 meses.

·       Si la pena es superior a 3 años:

o   puede durar hasta 2 años, con una posible prórroga de otros 2 años.

·       Si se impone solo para proteger pruebas, su duración máxima será de 6 meses.

En caso de que se dicte una sentencia condenatoria y el acusado recurra, la prisión preventiva puede mantenerse hasta la mitad de la pena impuesta, si el riesgo que justificó la medida continúa vigente.

En todo caso, el tiempo que una persona pase en prisión preventiva se descuenta de la pena si finalmente es condenada.

¿Qué otras medidas cautelares existen?

La prisión preventiva es la más severa de las medidas cautelares, y por ello debe aplicarse como último recurso. Antes de recurrir a ella, el juez debe valorar si es posible imponer otras medidas menos lesivas, como por ejemplo:

·       Libertad provisional con o sin fianza económica.

·       Obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

·       Prohibición de salir del territorio nacional o retirada del pasaporte.

·       Órdenes de alejamiento respecto de la víctima.

·       Arresto domiciliario, en caso de enfermedad grave u otras circunstancias especiales.

Estas medidas buscan garantizar los mismos fines sin necesidad de ingresar al investigado en prisión.

¿Puede revisarse o anularse la prisión preventiva?

Sí. La persona investigada tiene derecho a recurrir el auto de prisión y a solicitar su revisión si cambian las circunstancias que justificaron la medida (por ejemplo, si disminuye el riesgo de fuga o aparecen nuevas pruebas que debilitan la acusación).

Además, el juez tiene la obligación de revisar periódicamente si sigue siendo necesaria la prisión, y de decretar la libertad cuando ya no se justifique mantener la medida.

¿Existen modalidades especiales de prisión preventiva?

Sí. Aunque normalmente se cumple en centros penitenciarios ordinarios, en algunos casos se puede ordenar:

·       Prisión domiciliaria, cuando el ingreso en prisión suponga un grave riesgo para la salud del investigado.

·       Prisión incomunicada, que solo puede aplicarse de forma excepcional y durante un máximo de 10 días, si existe riesgo grave para otras personas.

Conclusión

La prisión preventiva es una medida muy seria, que afecta directamente a derechos fundamentales como la libertad y la presunción de inocencia. Por ello, solo debe aplicarse cuando sea estrictamente necesaria y esté debidamente justificada por la ley.

Aunque no es una pena, puede tener un gran impacto personal, familiar y social. Por eso, el sistema jurídico establece garantías, límites y posibilidades de revisión para evitar abusos y proteger los derechos de todas las personas implicadas en un proceso penal.